El asesinato de María del Pilar Hurtado el 20 de juniodel año en curso en el municipio de Tierralta, Córdoba, enmudeció de dolor a Colombia, una vez más, por cuenta de la violencia. Este homicidio puso bajo la lupa no solo el recrudecimiento de los crímenes contra líderes sociales, como lo era la víctima, sino puntualmente la aguda situación de vulnerabilidad de lasmujeres en el escenario de posconflicto que vive el país.

La minoría de edad de un género.

Tras el asesinato de la líder social, el alcalde del municipio, Fabio Otero,informó que María del Pilar Hurtado no tenía participación activacomo líder, apelando a que en elpanfleto en el que se le amenazaba no aparecía su nombre directamente, sino que se le endilgada un apelativo.Esta negación de las mujeres en su participación política activa es una respuesta reiterada de parte del sector oficial para omitir la sistematicidad en la desaparición de líderes sociales. El 4 de abril de 2018 fue asesinada Ana María Cortés, secretaria de la campaña presidencial del candidato de izquierda Gustavo Petro, en Cáceres, Antioquia; en ese momento el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró en W Radioque su muerte estaba siendo investigada porque“también figura en su historial una investigación por tener vínculos con las redes de apoyo del Clan del Golfo”.

En la actualidadno hay una cifra cierta del número de asesinatos de líderes sociales en el país. Sin embargo, como queda establecido en las dosdeclaraciones sobre los motivos de los homicidios, se busca desvirtuar la relación política de ellos. El27 de junio de este año el portal Nodal de Argentina divulgó la cifra de 479líderes asesinados y 982 amenazados por su activismo en todo el territorio colombianoen los últimos tres años; esta información fue entregada por Carlos Alfonso Negret,defensor del pueblo.

Yolanda Becerra, líder de la Organización Femenina Popular –una de las organizaciones más representativas en la búsqueda de igualdad de derechos en Colombia− comenta que en la actualidad el perfil de los líderes asesinados es aquellos que no tienen una amplia visibilidad, lo que da pie a dudar de su activismo político. Bajo este perfil, la intimidación contra las mujeres es ostensiblepor la poca figuración pública de las lideresas en contraste con los hombres, como lo señala el informe de la fundación Paz y Reconciliación (PARES):

Más allá de la consideración de la población femenina como menores de edad poco activas en la construcción de políticas sociales se suman otros factores que propician acciones violentas, como el arraigo de estructuras patriarcales que facilitan la revictimización al poner en duda las agresiones sexuales. Yolanda Becerra también comenta que los períodos transicionales después de cualquier conflicto exacerban la violencia contra las mujeres debido a que los actores armados –en su mayoría hombres− que se reinsertan a la vida civil sufren un síndrome de miembro fantasma al perder el fusil, pero la lógica de intimidación provocada por este permanece; esa es extensiva a la vida familiar y de pareja.

Una de las denuncias más alarmantes en este momento se centra en lo quesería la creación de carteles de prostitución en los que se estarían rifando mujeresen las regiones de Santander y el Sur de Bolívar. En una de sus alertas tempranas,la Defensoría del Pueblo publicó el 25 de mayo del año en curso un comunicado en el quese señaló que, en los departamentos de Chocó, Atlántico, Risaralda, Magdalena, Córdoba, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Vaupés, Guainía y Nariño, se evidenciaron posibles casos de explotación y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Ante esta situación, es imperativo que a través de la visibilidad de los hechos criminales haya una respuesta real y efectiva de parte del Estado social de derecho. No es suficiente con que reclamar derechos fundamentales como la tenencia de la tierra, el agua, el respeto al medio ambiente, a la salud y educación gratuita de calidad parezcan una ficción distópica, se suma ahora, después de pactado el fin de un conflicto, que quienes exigen lo que ha pasado a ser un privilegio sean silenciadas y nieguen su cualidad política.